La estructura tradicional del derecho de familia en España está fundada sobre un modelo biparental, es decir, la atribución legal de la filiación a un máximo de dos personas respecto de un mismo menor. Esta concepción, profundamente arraigada en el Código Civil, ha comenzado a verse desafiada por nuevas realidades sociales, como las familias reconstituidas, homoparentales con intervención de terceros, o aquellas surgidas de técnicas de reproducción asistida con participación pluriparental. El presente estudio analiza, desde una perspectiva jurídico-positiva y doctrinal, las posibilidades y límites del reconocimiento legal de la multiparentalidad en el ordenamiento español, así como su tratamiento en el derecho comparado.
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1. Fundamentos normativos de la filiación en el ordenamiento español
El régimen de filiación en España está regulado en el Título V del Libro I del Código Civil, que establece que la filiación puede tener lugar por naturaleza o por adopción (art. 108). Las disposiciones legales que desarrollan esta materia parten de un presupuesto dual: cada persona puede tener, como máximo, dos progenitores legales. Este principio se encuentra implícito en artículos como el 120, relativo a las acciones de reclamación de filiación, y el 178, que regula la adopción plena, estableciendo que esta sustituye la filiación anterior.
No existe disposición legal que contemple expresamente la posibilidad de coexistencia de más de dos vínculos jurídicos de filiación. Las técnicas de reproducción asistida reguladas por la Ley 14/2006, de 26 de mayo, tampoco introducen variantes que alteren esta dualidad, ni siquiera en contextos de parejas del mismo sexo, donde la filiación se reconoce igualmente de forma biparental.
2. El principio del interés superior del menor
A pesar del carácter cerrado del régimen de filiación, el interés superior del menor, recogido en el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, constituye un principio rector que debe guiar toda interpretación del derecho de familia. Este principio, de reconocimiento constitucional (art. 39 CE) y supranacional (Convención sobre los Derechos del Niño, 1989), ha servido de fundamento para la progresiva adaptación de las instituciones jurídicas a nuevas realidades sociales.
Sin embargo, en la actualidad, este principio no ha sido normativamente instrumentalizado para justificar un reconocimiento legal de la multiparentalidad, por lo que su potencial como catalizador de reforma permanece en el ámbito de la propuesta doctrinal.
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3. Situación doctrinal y propuestas de reforma
La doctrina jurídica ha comenzado a estudiar fórmulas que permitirían un reconocimiento, total o parcial, de vínculos multiparentales. Las propuestas se articulan en dos niveles: por un lado, el reconocimiento de la multiparentalidad plena, es decir, la existencia de más de dos progenitores con idénticos derechos y deberes derivados de la patria potestad; por otro, la creación de figuras jurídicas intermedias como la coparentalidad social, aplicable a personas con funciones de crianza relevantes aunque sin vínculo biológico o adoptivo.
Estas propuestas implican necesariamente la reforma del Código Civil y de las leyes procesales en materia de filiación, custodia, alimentos y sucesiones. Además, plantean la necesidad de crear mecanismos administrativos y judiciales para valorar, caso por caso, la conveniencia de admitir nuevos vínculos parentales en función del interés del menor.
4. Derecho comparado
En el derecho comparado, varias jurisdicciones han avanzado hacia modelos legales más inclusivos. En Canadá, la provincia de Ontario introdujo en 2017 la All Families Are Equal Act, que permite registrar a más de dos progenitores legales en determinados supuestos. En Estados Unidos, estados como California y Maine han adoptado leyes que admiten la multiparentalidad cuando sea necesario para proteger el bienestar del menor (California Family Code § 7612(c)).
En Europa, Países Bajos ha elaborado informes gubernamentales que sugieren la viabilidad de reconocer jurídicamente hasta cuatro progenitores legales, aunque aún no se ha materializado en una norma vinculante. Estas experiencias, aunque limitadas, demuestran que la multiparentalidad puede regularse dentro del marco del derecho civil moderno, con adecuados controles de legalidad y protección de derechos.
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5. Obstáculos técnicos y jurídicos
La principal barrera en España para el reconocimiento de la multiparentalidad es la literalidad del Código Civil, que define un marco excluyente para la filiación. Esta estructura no permite el registro de más de dos progenitores ni reconoce jurídicamente la existencia de una parentalidad social.
Además, las instituciones derivadas de la filiación (como la patria potestad, los alimentos, los derechos sucesorios, y el régimen de visitas y custodia) están diseñadas sobre una lógica dual. Ampliar el número de progenitores implicaría redefinir integralmente dichas instituciones, lo que requiere una reforma legislativa compleja y sistemática.
6. Consideraciones finales
El reconocimiento legal de la multiparentalidad en España no es viable dentro del marco normativo actual. No obstante, la evolución de la sociedad y la existencia de modelos legislativos en otros países evidencian la necesidad de abrir un debate jurídico y político riguroso sobre esta cuestión. Una eventual reforma deberá partir del principio del interés superior del menor y articularse sobre criterios objetivos que garanticen la seguridad jurídica, la estabilidad familiar y la igualdad ante la ley.
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Referencias
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. BOE-A-1996-1069
Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida. BOE-A-2006-9292
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada el 20 de noviembre de 1989
All Families Are Equal Act, 2016, S.O. 2016, c. 23 (Ontario, Canadá)
California Family Code § 7612(c)