Introducción
Las sociedades de capital —fundamentalmente la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SL) y la Sociedad Anónima (SA)— son la columna vertebral del emprendimiento y la empresa en España. Aportan separación patrimonial, reglas de decisión y un marco estable para la entrada y salida de socios, la financiación y la transmisión del negocio. Este artículo dibuja el mapa general (jurídico y práctico) que servirá de base para abordar, en piezas sucesivas, cada tipo social con lupa.
Madrid Salinas Abogados — Derecho mercantil y societario con enfoque práctico.
Marco normativo y concepto
El régimen común se recoge en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC). La nota esencial es la personalidad jurídica propia: la sociedad responde con su patrimonio frente a terceros; los socios, en principio, sólo con lo aportado. Se integran aquí la SA, la SL y la menos frecuente Sociedad Comanditaria por Acciones (SCA). Comparten reglas troncales —órganos, cuentas, modificaciones—, pero difieren en capital mínimo, transmisión de la participación, flexibilidad de gobierno y acceso a mercados.
Capital social y aportaciones
El capital social no es un número decorativo: ordena mayorías, sirve de referencia para reservas y disciplina el reparto de resultados.
- SA: capital mínimo 60.000 €, íntegramente suscrito y con desembolso inicial mínimo del 25% en aportaciones dinerarias. Las aportaciones no dinerarias exigen, con carácter general, informe de experto independiente.
- SL: capital mínimo 1 € (tras la reforma), con un régimen protector si es inferior a 3.000 €: dotación de reserva hasta alcanzar esa cifra y responsabilidad subsidiaria de socios/fundadores por la diferencia en caso de liquidación insuficiente. En aportaciones no dinerarias no se precisa informe pericial, pero socios y administradores responden de la realidad del valor.
Atención práctica: el capital debe ser coherente con el plan de negocio. Constituir con 1 € una compañía intensiva en circulante o inversión es invitar a tensiones de solvencia y a una imagen de riesgo ante bancos y proveedores.
Participaciones y acciones: derechos y transmisión
En SL la participación del socio se articula en participaciones sociales, no negociables y, por regla, no libremente transmisibles: el sistema favorece la estabilidad y el control cerrado (derechos de adquisición preferente, autorizaciones estatutarias, etc.).
En SA la participación son acciones, que pueden ser libremente transmisibles; es la forma pensada para abrir capital y —en su caso— acudir a mercados. Aun así, en sociedades no cotizadas pueden introducirse restricciones razonables, nunca prohibiciones absolutas de transmisión.
En ambos tipos, el socio ostenta derechos políticos (voto, información, impugnación de acuerdos) y económicos (dividendo, cuota de liquidación). La LSC prevé además, en supuestos tasados, derechos de separación (p. ej., modificación sustancial del objeto o, con requisitos, falta reiterada de reparto de dividendos).
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Órganos sociales y gobierno
El esqueleto institucional es común:
- Junta General, que decide sobre cuentas, nombramientos, modificaciones estatutarias, operaciones sobre capital, fusiones/escisiones y disolución.
- Órgano de administración, configurable como administrador único, varios (solidarios o mancomunados) o Consejo de Administración. La elección debe equilibrar agilidad y controles.
- Representación: frente a terceros rige lo inscrito y lo publicado. Las facultades (y sus límites) deben estar nítidas en estatutos, acuerdos y, cuando proceda, poderes.
La ingeniería fina está en mayorías y quórums. Endurecerlos blinda a minorías de bloqueo; flexibilizarlos da velocidad pero exige confianza entre socios. La coherencia entre estatutos y pactos parasociales es crucial: lo que no “cabe” en estatutos, rara vez puede ejecutarse frente a terceros.
Responsabilidad de administradores
La limitación de responsabilidad de los socios no cubre a los administradores frente a sus deberes de diligencia y lealtad. La inacción ante causa de disolución —por ejemplo, pérdidas que dejen el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital— puede derivar en responsabilidad por deudas posteriores. También responden por daño causado a la sociedad, a socios o a terceros por actos contrarios a la ley o a los estatutos o realizados sin la diligencia exigible. En situaciones de abuso de la forma social (simulación, confusión de patrimonios), la jurisprudencia admite el levantamiento del velo.
Contabilidad, cuentas y dividendos
Todas las sociedades de capital deben llevar contabilidad ordenada, legalizar libros y depositar cuentas anuales en plazo. La auditoría será obligatoria si se rebasan ciertos umbrales o por previsión estatutaria o judicial. Para repartir dividendos se requieren beneficios distribuibles y dotación de reserva legal (al menos el 10% del beneficio anual hasta alcanzar el 20% del capital). Repartos indebidos pueden exigir restitución e implicar responsabilidad de administradores y socios favorecidos.
Financiación y operaciones sobre capital
La SL se financia típicamente vía ampliaciones reservadas a actuales o nuevos socios (con derecho de asunción preferente), préstamos (intra-grupo o bancarios) y, en su caso, prima de asunción para ordenar valoraciones sin dilución excesiva. La SA añade el abanico de emisión de acciones/obligaciones y acceso a mercados de valores si cumple requisitos de información y gobierno. Las reducciones de capital pueden perseguir restitución de aportaciones, condicionar operaciones de saneamiento o servir de paso previo a ampliaciones (operaciones acordeón).
Claves de trinchera: pactar mecanismos de valoración (independiente, múltiplos, fórmula mixta) y derechos de arrastre/acompañamiento evita que cada ronda se convierta en un pleito privado.
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Modificaciones estructurales y reorganización
Transformaciones (de SL a SA, o viceversa), fusiones, escisiones y cesiones globales de activo y pasivo permiten adaptar la arquitectura a la evolución del negocio, reordenar grupos o preparar operaciones corporativas. Exigen informes, acuerdos reforzados, protección de acreedores y publicidad. En crisis de solvencia, los planes de reestructuración y, si procede, el concurso, son herramientas para gestionar el riesgo y preservar valor si se activan a tiempo.
Disolución y liquidación
Además de las causas estatutarias, son típicas la inactividad, la parálisis de órganos, las pérdidas cualificadas o la reducción del capital por debajo del mínimo legal. Adoptado el acuerdo de disolución, los liquidadores cobran créditos, venden activos, pagan deudas y reparten el haber. Cerrar ordenadamente evita “cadáveres registrales” y sanciones por cuentas no depositadas.
Sociedad Comanditaria por Acciones (SCA): apunte
Figura minoritaria pero existente. Combina acciones con la presencia de al menos un socio colectivo que responde ilimitadamente y que, además, gestiona; los comanditarios limitan su responsabilidad a lo aportado. Puede tener sentido en estructuras muy específicas de control.
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Conclusión
Las sociedades de capital son arquitectura jurídica al servicio de la estrategia. Elegir bien entre SL y SA, dimensionar el capital con realismo, alinear estatutos y pactos, y gobernar con disciplina contable y prudencia financiera marca la diferencia entre una empresa robusta y un conflicto anunciado. En los próximos artículos entraremos al detalle de SL, SA y situaciones especiales con casos tipo y cláusulas útiles.
Juan Madrid Salinas, abogado principal en Madrid Salinas Abogados. Especialista en litigación, resolución de conflictos y estrategia jurídica en Derecho Civil, Familia, Sucesiones, Laboral, Mercantil y Penal. Defensa firme, trato cercano y resultados.
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