Introducción
La realidad social europea ha cambiado: las familias ya no son estáticas ni locales. Cada vez más personas forman familias con vínculos transfronterizos, fruto de la libre circulación dentro de la Unión Europea. Esto ha traído consigo un aumento de litigios en materia de divorcio, custodia y visitas. Para dar respuesta a esta complejidad, la UE ha aprobado el Reglamento (UE) 2019/1111, conocido como Bruselas II ter, que sustituye al derogado Reglamento Bruselas II bis (CE 2201/2003).
Este nuevo instrumento, aplicable desde el 1 de agosto de 2022, busca mejorar la eficacia extraterritorial de las resoluciones judiciales sobre familia, reforzando el principio de reconocimiento mutuo y suprimiendo obstáculos como el exequátur. En este artículo analizamos sus principales novedades, funcionamiento práctico y efectos jurídicos.
En Madrid Salinas Abogados somos especialistas en Derecho de Familia.
Ámbito de aplicación y objetivos del Reglamento Bruselas II ter
1. Finalidad del Reglamento
El Reglamento Bruselas II ter tiene como objetivo facilitar y acelerar la circulación de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental en el seno de la UE. Se parte de la premisa de que una decisión adoptada en un Estado miembro debe tener efectos automáticos en otro, siempre que se respeten las garantías procesales básicas.
2. Ámbito material
Este Reglamento se aplica a los siguientes asuntos civiles:
- Divorcio, separación y nulidad matrimonial.
- Responsabilidad parental, incluyendo:
- Guarda y custodia.
- Régimen de visitas.
- Tutela, acogimiento y medidas de protección de menores.
- Sustracción internacional de menores, complementando el Convenio de La Haya de 1980.
Quedan excluidas materias como la adopción, filiación, alimentos, sucesiones o cuestiones de capacidad jurídica.
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3. Ámbito territorial
Es de aplicación en todos los Estados miembros de la UE excepto Dinamarca, que no participa en el marco de cooperación judicial civil y mercantil de la Unión.
Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales
1. Supresión del exequátur
Uno de los avances más destacados del Reglamento Bruselas II ter es la supresión total del procedimiento de exequátur. Esto significa que una resolución judicial en materia de responsabilidad parental o divorcio es directamente ejecutable en otro Estado miembro sin necesidad de un procedimiento intermedio.
Esta medida simplifica enormemente la ejecución de resoluciones y agiliza la protección de los derechos de menores y progenitores.
2. Certificados estandarizados
Para que una resolución sea ejecutable, el tribunal de origen debe emitir un certificado uniforme (artículo 36 y Anexos I y II del Reglamento), que acompañará a la sentencia al presentarse en el Estado de destino. Este certificado acredita:
- Que la resolución es ejecutiva.
- Que se ha dictado conforme al debido proceso.
- Que ha habido respeto al derecho de defensa.
El uso de formularios comunes en toda la UE reduce errores de interpretación y evita procedimientos paralelos innecesarios.
3. Motivos de denegación limitados
A pesar del reconocimiento automático, existen motivos limitados de denegación de ejecución, como:
- Incompatibilidad manifiesta con el orden público del Estado requerido (solo en casos excepcionales).
- Resoluciones contradictorias entre las mismas partes sobre el mismo objeto.
- Falta de notificación adecuada en caso de resoluciones dictadas en rebeldía.
Sustracción internacional de menores
Uno de los puntos neurálgicos del Reglamento Bruselas II ter es el refuerzo del procedimiento de restitución de menores trasladados o retenidos ilícitamente.
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Coordinación con el Convenio de La Haya
El Reglamento complementa el Convenio de La Haya de 1980, aplicable en todos los Estados miembros, introduciendo reglas más exigentes:
- Plazo máximo de 6 semanas para resolver solicitudes de retorno.
- Prioridad absoluta para el juez del lugar de residencia habitual del menor.
- Reconocimiento reforzado de las decisiones de retorno, con ejecución inmediata si van acompañadas del certificado europeo.
Estas medidas buscan evitar que los progenitores recurran a la retención ilícita del menor como forma de eludir resoluciones judiciales desfavorables.
Cooperación entre autoridades centrales
El Reglamento Bruselas II ter establece un marco mejorado de cooperación entre autoridades centrales de los Estados miembros. Estas autoridades:
- Intercambian información relevante sobre los menores.
- Asisten a los órganos jurisdiccionales en la localización de un menor.
- Colaboran en la ejecución de resoluciones.
Esto reduce la fragmentación entre sistemas jurídicos nacionales y refuerza la confianza mutua entre los Estados miembros.
Garantías procesales
Para que el sistema funcione correctamente, el Reglamento impone estrictas garantías procesales, especialmente en casos que afectan a menores:
- Derecho a ser escuchado (tanto del menor como de las partes).
- Derecho a una defensa efectiva.
- Notificación adecuada y posibilidad de impugnar.
Estas garantías aseguran que las resoluciones sean respetadas en toda la UE y que no se vulneren los derechos fundamentales de los implicados.
Procedimientos urgentes y medidas provisionales
En situaciones de riesgo inminente para un menor, cualquier Estado miembro puede adoptar medidas provisionales o cautelares aunque no sea competente para resolver sobre el fondo del asunto (art. 15).
Estas medidas tienen carácter temporal, y cesan en cuanto el tribunal competente adopte una resolución definitiva.
Aplicación práctica y retos pendientes
Aunque el Bruselas II ter supone una mejora sustancial respecto a su antecesor, aún persisten desafíos:
- Dificultades en la ejecución práctica, especialmente en países con sistemas judiciales lentos o sobrecargados.
- Falta de formación específica entre operadores jurídicos.
- Conflictos con países terceros cuando una parte reside fuera de la UE.
No obstante, el nuevo Reglamento refuerza el principio de confianza mutua, piedra angular del espacio judicial europeo.
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Conclusión
El Reglamento Bruselas II ter marca un hito en el Derecho de familia europeo. Con la supresión del exequátur, la estandarización de certificados y la mejora de los mecanismos de cooperación judicial, se ha dado un paso clave para garantizar que las resoluciones judiciales dictadas en un país de la UE sean efectivas y ejecutables en cualquier otro.
Esto refuerza la seguridad jurídica, protege los derechos de los menores y facilita que las familias que viven en un contexto europeo puedan acceder a una justicia más rápida y eficaz.
Para los profesionales del Derecho, dominar este Reglamento es ya imprescindible en cualquier actuación con elementos transfronterizos. Y para los ciudadanos, supone una garantía adicional en un entorno familiar cada vez más europeo y menos local.